Acció Cultural reclama a Puig que no rebaje el nivel de valenciano para los funcionarios

Acció Cultural (ACPV) reclama al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que no rebaje el nivel de valenciano para acceder a la función pública y mantenga el acuerdo que prevé una escala del nivel exigible de acuerdo con el cuerpo al que opositar.

Esta petición llega tras conocer la propuesta de la Conselleria de Justicia para acceder a la función pública valenciana: el nivel de valenciano B2 que, a su juicio, es equivalente a no pedir ningún requisito porque para presentarse a cualquier puesto hace falta como mínimo el título de Bachillerato.

Se trata de una propuesta surgida en el seno de la comisión formada el año pasado tras la reforma de la Ley de Función Pública para establecer el reglamento que debe regir los niveles de valenciano. Está formada por representantes de las tres consellerias implicadas: Justicia, como directamente responsable; Educación, por la necesidad de un informe de Política Lingüística, y Presidencia.

Esta comisión, según la entidad, se ha reunido durante meses en un clima de trabajo positivo y de consenso hasta la última propuesta de Justicia. Y es que, bajo su punto de vista, el nivel de valenciano exigible se debe coordinar con el cuerpo y la escalera del grupo de clasificación profesional al que se oposite, de forma que haya un escalonamiento.

Respecto a los procesos selectivos para acceso a los cuerpos y escaleras superiores de la administración valenciana (grupos de clasificación A1 y A2), ACPV entiende que el nivel de valenciano mínimo exigible tendría que ser un C1, puesto que es al que se homologará la aprobación de valenciano en las PAU (pruebas de acceso a la universidad) y para acceder estos grupos hay que acreditar un título universitario.

La asociación destaca que la gran mayoría de los funcionarios de los cuerpos superiores de la administración pública valenciana ya tienen el nivel C1 de valenciano y que, por tanto, esta previsión solo implica “la confirmación de una realidad”.

En consecuencia, Acció Cultural no entiende ni comparte la propuesta “restrictiva” y advierte que supondría invalidar en la práctica el acuerdo social y sindical sellado a finales de 2016 para la competencia lingüística y la reforma de la Ley de la Función Pública que “pretendía poner fin a la discriminación del valenciano”.

Es por todo ello que exige al ‘president’ que, “como garante de la igualdad lingüística de los valencianos”, actúe incluyendo en el reglamento una escala del nivel de valenciano exigido de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales de la administración valenciana en función del cuerpo al que opositar.

De no ser así, Acció Cultural advierte que convocará a las entidades y sindicatos de la administración a una reunión para estudiar las posibles respuestas y movilizaciones.