Ahora, 46 años después

Fernando Jaúregui | OTR PRESS

Veo en algunos periódicos una esquela recordando el aniversario -47 años, nada menos- de la muerte de Francisco Franco, recordado por su familia y por la Fundación que lleva el nombre del dictador y que dirige un general retirado a quien conozco y aprecio, y de quien discrepo radicalmente, desde hace bastante más de medio siglo.

Que este recuerdo de quien murió, dice la esquela, «cristianamente al servicio de la Patria» coincida con la enorme polémica desatada por los intentos de modificar, desde el Gobierno de PSOE y Podemos, la ley de amnistía para poder «castigar en los tribunales los crímenes del franquismo», no deja de ser, si lo es, una de esas ‘casualidades’ que hacen que este país nuestro sea, admitámoslo, uno de los más peculiares del mundo.

Que no digo yo que la Ley de Memoria Histórica sea un movimiento legal del todo superfluo. Quizá, como mucho, inoportuno, por cuanto abre un nuevo cajón en el inmenso armario de las dos Españas. Resulta indudable que el régimen franquista, tras su victoria en la guerra civil, ochenta y dos años ha, suprimió brutalmente libertades y fusiló a miles de personas ante los paredones de las cárceles después de que las víctimas fueran sometidas a procesos sin el menor atisbo de justicia ni legalidad, como ha demostrado fehacientemente el investigador y magistrado Juan José del Aguila, que ha tenido que bucear en archivos destruidos para ocultar la gran tropelía.

De lo que no estoy seguro, en aras de eso que debería llamarse conciliación nacional, es de que sea ahora imprescindible abrir heridas que deberían estar cerradas -quizá no lo estén del todo– desde hace décadas. Bien que algunas calles hayan borrado sus advocaciones a criminales de guerra y que las estatuas ecuestres de quien nos dejó sin democracia hayan desaparecido de las plazas.

Bien, incluso, que el Valle de los Caídos, levantado sobre las espaldas de trabajadores forzosos y vencidos, vuelva a ser el Cuelgamuros (en puridad, ‘Cuelgamoros’ en su origen) de antes, libre ya de la presencia de los restos de quien fue llamado el Caudillo y que reposa en soledad -casi nadie visita ya su tumba- en el cementerio de Monterrubio en El Pardo.

Pero hasta ahí. Intentar prohibir cualquier evocación no crítica de la figura de Franco y de su entorno me parece, como mínimo, constitucionalmente cuestionable. Y revisar aquella amnistía de 1977, aprobada por enorme mayoría por el Congreso aquel año en aras de la reconciliación nacional, y que, por cierto, debería haber quedado automáticamente derogada con la entrada en vigor de la Constitución, es un brindis al sol bastante absurdo, que afecta solamente al principio, temo que inamovible, de que son los vencedores quienes escriben la historia sobre las cabezas de los vencidos.

Absurdo porque todos los autores de aquellos crímenes están muertos, por mucho que alguna juez argentina aún cargue sus investigaciones sobre personas como Rodolfo Martín Villa, que poco tiene que ver con la etapa más negra de aquel Régimen.

Segundo, por un principio de irretroactividad, que es un principio apreciable pero sin duda manipulable, como lo es el argumento de que la Constitución prohíbe nuevas amnistías; de hecho, la Constitución -dejémosla en paz al menos en esto_ para nada menciona la palabra ‘amnistía’, y sí se refiere, en cambio, a los indultos, que son cosa distinta y hasta distante.

Escucho al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es quien lleva personalmente estas cuestiones, justificar este movimiento parlamentario de PSOE y Podemos modificando -no derogando– aquella ley de amnistía, que permitió liberar a cientos de presos políticos del franquismo, para actualizarla al día de hoy.

Se definió Bolaños, que quitó trascendencia a este paso legal, como «defensor de la Transición». Pero, en realidad, lo que se busca, al menos lo que busca el socio gubernamental de los socialistas, es anular aquellos primeros años de la transición, de 1977 a 1982, año en el que los socialistas ganaron las elecciones por primera vez desde los tiempos de la República. Antes, quieren hacer tabla rasa, en un adanismo injustificable: si Suárez, que dio la vuelta a la herencia del Régimen como un calcetín y nos devolvió la libertad, levantara la cabeza…

No, nadie va a ir a la cárcel por la aplicación de esa enmienda a la ley en base a la Memoria Histórica. Ni se puede volver la vista atrás retroactivamente ni se puede llevar a prisión a los muertos. El propio secretario de Estado Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y principal impulsor de este intento legal, reconoce los escasos efectos prácticos de su tentativa, dirigida, dice, a consolar a los herederos de aquellas víctimas del franquismo. Un intento ‘humanitario’ que sospecho que no está en los afanes de la calle, incendiada hoy por otras muchas reivindicaciones de muy otro cariz.

No, seguramente no es lo más importante ahora cambiar el nombre del Valle de los Caídos ni, del otro lado, cargarse el busto de Indalecio Prieto. Más de la mitad de los españoles apenas sabe de qué estamos hablando, porque ni vivió aquello ni forma parte de su lista de preocupaciones en estos momentos, verdaderamente histórico, en los que la actividad política está suficientemente enrarecida con el presente como para, encima, cargarla con los gases tóxicos del peor pasado.

Seguro que, cuando dentro de unas horas, se cumplan esos cuarenta y seis años de la muerte en la cama del dictador, no habrá masas lanzándose a la calle en su recuerdo, a favor o en contra: las gentes están ocupadas con lo que ocurre en lo astilleros de Cádiz, en Lugo, en los establos de Cantabria o en los campos de cereales de Castilla.

fjauregui@educa2020.es