Asociaciones feministas exigen medidas concretas tras el caso de Sueca: “No nos podemos permitir errores tan garrafales”

Instan a las instituciones a no “tirarse la pelota” y “ponerse las pilas” y Justicia plantea abrir una agenda de trabajo.

Asociaciones feministas y de atención a víctimas de violencia de género han exigido a las administraciones y la justicia una serie de “compromisos” y medidas concretas para hacer frente a la violencia vicaria y contra las mujeres, tras el reciente episodio ocurrido en Sueca (Valencia), al tiempo que han reivindicado la necesidad de “mejorar la coordinación” entre juzgados para prevenir y “dar respuesta” a este tipo de situaciones. “No nos podemos permitir pamplinas ni errores tan garrafales”, han expresado.

Así lo han trasladado este lunes a la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en una reunión en la que han analizado el caso del menor asesinado por su padre en Sueca.

En el encuentro, que ha resultado ser “muy denso” pero “positivo”, las asociaciones han planteado a la titular de Justicia una batería de medidas, cuestiones y “compromisos” con el fin de “buscar soluciones” a esta cuestión “compleja” que es la violencia de género, en la que “intervienen muchos factores”, según ha señalado, en declaraciones a los medios al finalizar la reunión, Cándida Barroso, representante de la Coordinadora Feminista de València.

En concreto, los colectivos han transmitido a Bravo su “preocupación” por las “muchas disfunciones” que se dan en los procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género y, ante estas situaciones, han propuesto medidas para “mejorar la respuesta”, entre ellas un turno específico de asistencia jurídica gratuita y formación multidisciplinar para la atención de víctimas, establecer cambios legales y mejorar los procedimientos y decisiones judiciales, que la Fiscalía esté presente en las comparecencias y adopte una posición “más activa” y otorgar “mayor importancia” a la valoración del riesgo.

También han planteado, por ejemplo, la incorporación del atestado policial a la valoración, han pedido que las oficinas de víctimas del delito se conviertan en oficinas únicas con la “debida coordinación” y se han mostrado “muy críticas” con los juicios rápidos y las sentencias de conformidad, puesto que, han alertado, en “muchas ocasiones cierran demasiado pronto una investigación”.

En definitiva, han apostado por dictar instrucciones “concretas” para “coordinarse mejor”, así como por lanzar campañas y realizar seguimiento para que las mujeres víctimas puedan estar “perfectamente atendidas y seguras”.

“NI UNA VÍCTIMA MÁS”

“No podemos permitirnos errores ni una víctima más”, han manifestado, al tiempo que han instado a las instituciones a “no tirarse la pelota de un tejado a otro”. “Entendemos que hay mucho que mejorar, hay que ponerse las pilas”, han agregado.

Desde la Coordinadora Feminista de València han incidido en la necesidad de “hacer pedagogía”, una cuestión que resulta ser un “tesoro” y para la que hay personal “altamente cualificado” y que además, a su juicio, “podría ayudar muchísimo al sistema judicial”. “Es uno de los muchos indicadores a subsanar” ante el “drama que para una mujer supone dar el paso de denunciar y que encima tenga que saber cómo resolver todo su proceso”, ha afirmado Barroso. “Es poner demasiada responsabilidad sobre sus espaldas”, ha considerado.

Asimismo, tras el parricidio de Sueca, ha abogado por “pedir cuentas e ir a las instancias que correspondan” puesto que en estos casos “hablamos de vidas”. “Todos los sistemas que coordinen y puedan valorar el riesgo de la víctima van a ser bienvenidos”, ha apostillado.

CONSULTA DE ANTECEDENTES

En este sentido, ha defendido que deben ser los jueces los que deben consultar si, en el procedimiento judicial, hay antecedentes por violencia de género. “¿Qué problema hay? Cuesta dos segundos y no es una capricho de nadie”, ha expresado.

Y preguntada al respecto por si es partidaria de que esta consulta por parte de los magistrados tenga carácter obligatorio, ha señalado que “hay muchas cosas obligatorias y no las hacen”, ha incidido en que la atención a las víctimas sea “adecuada” y ha instado a los estamentos judiciales a ser “más autocríticos y empáticos”.

“La ley en materia de violencia de género no es si la sentencia son 3 o 6 meses, además de que puede haber riego inminente para los hijos, se necesita que los jueces empaticen más con las víctimas. Si no tenemos su complicidad no conseguiremos atajar” la violencia de género, ha remarcado.

Por su parte, desde la asociación Alanna, su vicepresidenta, Virginia Sanchis, ha valorado que la reunión con la consellera Gabriela Bravo ha sido “muy positiva”, en la que han “escuchado y abierto vías de trabajo para dar voz a las víctimas” y que su realidad “sea escuchada de primera mano en las instituciones”.

Sanchis ha lamentado los “fallos constantes” del sistema judicial con los casos de violencia de género, ante lo que ha instado por mantener cauces de trabajo, como se ha planteado en el encuentro. “Normalmente solo llega el desgraciado asesinado, pero el maltrato institucional hacia las víctimas está todos los días”, ha añadido.

AGENDA DE TRABAJO

Tras escuchar las reivindicaciones y peticiones de las asociaciones, la Conselleria de Justicia ha propuesto abrir con ellas una agenda de trabajo para marcar una serie de reuniones mensuales en las que se hará seguimiento de los “problemas” respecto a la protección de las víctimas para “contribuir a la mejora de todos los recursos de la administración de Justicia”.

Así lo ha indicado la consellera Gabriela Bravo, que ha incidido en la importancia de esa línea de trabajo que se va a abrir, dado que la Coordinadora Feminista “no está presente en las reuniones de coordinación institucional constituidas, como las comisiones provinciales de coordinación contra la violencia sobre la mujer, que convocan los jueces a través de las presidencias de las audiencias provinciales”.