Atención abierta al ciudadano frente a la obligación de la cita previa

El grupo popular lleva al Pleno del jueves una declaración institucional en la que también aboga por una atención “prioritaria y preferente” para los mayores de 65 años en los registros y oficinas públicas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante solicita al Gobierno de España que fomente la administración abierta, a la que el ciudadano pueda acceder sin necesidad de cita previa con carácter obligatorio para ser atendido, al tiempo que apuesta por que este sistema de cita concertada sea “opcional y complementario”. Así consta en la declaración institucional presentada por el grupo popular al Pleno municipal del próximo jueves, en la que también se emplaza a otras administraciones que atienden exclusivamente mediante cita previa a que adopten las medidas necesarias para que deje de ser obligatoria.

Asimismo, el equipo de Gobierno propone el estudio de la posibilidad de que se implante una atención “prioritaria y preferente” para los mayores de 65 años en los registros y oficinas de atención al ciudadano, al tiempo que propone avanzar en el uso de las nuevas tecnologías que permitan evitar desplazamientos innecesarios a las sedes municipales “y ahorrar tiempo a los ciudadanos para conseguir una Administración más ágil, eficaz y al servicio del ciudadano”.

En los acuerdos de la declaración institucional también se incluye la propuesta del Pleno de promover las condiciones para un acceso fácil a la administración electrónica, especialmente en núcleos rurales y alejados de las redes de internet.

“La exigencia de cita previa, muchas veces difícil de obtener en un plazo razonable o la necesidad del uso de medios tecnológicos inaccesibles para una buena parte de la población, deterioran la atención de calidad que el ciudadano merece por parte de las administraciones públicas”, sostiene la declaración firmada por la portavoz del grupo popular Mari Carmen de España.

Contra la imposición de una relación electrónica

“La cita previa debe ser un sistema opcional y complementario de atención al ciudadano, no debe constituir la única vía de relación con la administración”, añade. “Esta obligatoriedad resta derechos a los ciudadanos y les impone una relación con los poderes públicos de forma electrónica, para la que muchos de ellos no están familiarizados o residen en localidades con poco o mal acceso a la red de internet”.

La iniciativa impulsada por el equipo de Gobierno recuerda que los sistemas de cita previa se establecieron durante la pandemia para respetar las normas de protección frente al covid-19 y recalca que la actual ley del Sector Público y la de Procedimiento Administrativo consagran el derecho de los ciudadanos de acudir a los registros públicos para presentar solicitudes y de ser atendidos por las autoridades y empleados públicos.

La declaración también se hace eco del principio de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, según el cual “los modelos administrativos deben construirse siempre en función de los ciudadanos, y no al revés”.