Cae un entramado que conseguía permisos de residencia para extranjeros a través de matrimonios de convivencia

La investigación se salda con 129 arrestos, 72 enlaces fraudulentos y 51 autorizaciones ilegales en Alicante y Murcia.

La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado criminal acusado de dedicarse a la obtención de permisos de residencia para personas extranjeras mediante la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y no comunitarios, concertados principalmente en el Juzgado de Paz de Santa Pola. La red, cuyo presunto “cerebro” era una abogada afincada en Elche, llevaba operando desde el año 2017 en Alicante y Murcia.

La investigación, bajo el nombre de ‘PolaSanta’, se ha prolongado durante tres años y ha permitido detener a 129 personas y detectar 72 enlaces presuntamente ilegales que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario. Por estos trámites fraudulentos los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

La presunta cabecilla presuntamente instruía “meticulosamente” a los contrayentes para las entrevistas matrimoniales. Los 129 detenidos, 66 hombres y 63 mujeres, de diversas nacionalidades y de edades comprendidas entre los 23 y 71 años, han pasado a disposición judicial bajo la acusación de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.

La operación se inició en el mes de marzo del año 2019 por la Policía Nacional y ha concluido recientemente con una investigación que ha permitido destapar un “ingenioso” entramado delincuencial que llevaba operando desde el año 2017 en Alicante y Murcia.

El epicentro del entramado se encontraba en Elche, desde donde los investigadores tuvieron conocimiento que operaba una abogada, quien a través de su gestoría, presuntamente había diseñado un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas.

Sus labores estaban orientadas a conseguir, a través de la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, la obtención de permisos de residencia de familiar comunitario para estos extranjeros en situación irregular, en gran mayoría de Marruecos y Argelia, a cambio de grandes cantidades de dinero.

FUNCIONES

La principal responsable y “cerebro” de la trama, contaba con la colaboración de personas que desempeñaban distintos roles dentro de la organización. Unos hacían labores de captación de contrayentes buscando, por un lado, interesados en regularizar su situación ilegal en España, dispuestos a pagar la cuantiosa suma de dinero que podría llegar a alcanzar hasta los 10.000 euros y, por otro lado, una pareja de origen español elegida para cada una de estas personas.

Toda vez que se disponía de ambos contrayentes, se orquestaba a través del siguiente escalón un plan para cada pareja convenida que consistía en hacer creíble la relación sentimental entre ambos y su vinculación con la población donde se iba a celebrar el falso enlace matrimonial.

En este punto, los “intermediarios” y los “empadronadores” proporcionaban mediante documentación falsa la cobertura legal para que se pudiera llevar a cabo la tramitación del matrimonio. Este apelativo de “empadronadores” se ajustaba a su principal función, que presuntamente estaba encaminada a confeccionar falsos empadronamientos para ellos y que, unas veces eran íntegramente falsos, y otras se habrían realizado con el consentimiento de los legítimos propietarios de las viviendas utilizadas para este fin a cambio de dinero.

Este trámite era uno de los requisitos fundamentales para la consecución del ilícito objetivo. Por ello, en ocasiones, incluso falsificaban contratos de arrendamiento así como autorizaciones de empadronamiento si fuera necesario, siempre en la localidad de Santa Pola, en cuyo Juzgado de Paz se celebraría finalmente el ficticio enlace, para el cual la trama contaba incluso con la participación de dos inmobiliarias de la localidad costera.

“FALSOS TESTIGOS”

Finalmente, mediante la colaboración de “falsos testigos”, como último escalón de participantes en el plan, la propia abogada instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos, en las distintas fases de todo el proceso.

Así les preparaba sobre la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones y les advertía que, además del primordial requisito de empadronamiento en la localidad para iniciar el expediente matrimonial, debían crear una versión de su supuesta relación afectiva para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales.

Así fue como, presuntamente, esta abogada ilicitana desde su asesoría con ánimo de lucro y de manera coordinada en el engaño, urdió este plan con la participación activa de un amplio plantel de colaboradores en la trama, que actuaban siempre a cambio de una remuneración económica.