Cargos de Igualdad enviaron a sus jefes la petición de separar al exmarido de Oltra de la menor tutelada. No supieron más

El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más.

Dos cargos de la Conselleria de Igualdad han afirmado ante el juez que investiga la gestión del expediente abierto al exmarido de la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, por abusos a una menor tutelada, que trasladaron a sus jefes directos la petición que llegó en julio de la Fiscalía para trasladar a la víctima a otro centro y evitar, de esta manera, que coincidiera con el entonces denunciado. Después no supieron nada más.

Así se han pronunciado este jueves la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, Amparo Nogués, y el secretario territorial, Jesús Esquiu, en calidad de investigados, en el Juzgado de Instrucción número 15 de València, órgano que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El primero en comparecer ante el juez ha sido Esquiu, quien ha manifestado, según ha podido saber Europa Press, que él era un eslabón de la cadena y se encargaba de la gestión del personal. Ha explicado que en julio de 2017 recibió un oficio de Fiscalía pidiendo que se tomaran medidas respecto al educador y él lo trasladó a su jefe. “No supe nada más”, ha dicho.

En concreto, ha indicado que se lo dio a su jefe en mano y se olvidó del asunto. No hizo ningún tipo de seguimiento. En agosto, cuando recibieron la orden de alejamiento del ministerio público, ha indicado que recibió instrucciones de la subdirectora general de Infancia, Gemma Plaza, para abrir un expediente informativo.

Así, ha señalado que lo único que hizo fue encargar a una técnico jurídica que abriera el expediente. Ya no supo más del tema hasta que llegaron las conclusiones del expediente y se enviaron a la Fiscalía.

Por su parte, Amparo Nogués ha afirmado que cuando volvió de vacaciones se encontró con un correo de julio que le habían remitido de parte de Fiscalía en el que se solicitaban medidas contra el educador. Ella lo trasladó a sus jefes de sección.

De esta forma, no supo nada más hasta el 8 de agosto, que se comunicó la orden de alejamiento y la Dirección General pidió averiguar “qué estaba pasando”. El 11 de agosto hubo una comisión técnica para decidir dónde se trasladaba a la menor y el 14 de agosto se contestó a Fiscalía. El día 16 ya se había llevado a la víctima a otro centro.

Desde las primeras peticiones de Fiscalía remitidas en julio a la Conselleria para que se adoptasen medidas de traslado hasta su cambio, que tuvo lugar a finales de agosto, no coincidieron el educador y la víctima. En la causa obra un documento del centro de menores en el que constaba que en junio cogió vacaciones el exmarido de Oltra y que no volvió hasta el 20 de agosto.

Junto al mismo, obra en el procedimiento el escrito del subsecretario de la Conselleria exigiendo a la Dirección Territorial que se colaborase con la Fiscalía y se trasladase a la menor; así como el documento de traslado.

“QUÉ HABÍA PASADO”

Precisamente ayer también hubo declaraciones en el juzgado y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, afirmó que fue ella la que ordenó abrir el expediente informativo en agosto de 2017 para ver “qué había pasado” con el presunto caso de abusos sexuales –Oltra dijo unas semanas antes que fue ella la que lo requirió– y negó haber recibido presiones “de nadie”.

También declaró como investigada la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza. Ambas respaldaron la legalidad del expediente y la forma de proceder. Negaron cualquier intento de ocultar nada.

LA CAUSA, EL ORIGEN

La causa se originó a raíz de una denuncia de la menor que sufrió los abusos a manos del educador e, inicialmente, se abrió una investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia de Valencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.