Colegios y sindicatos médicos rechazan incluir el término «violencia obstétrica» en la ley de violencia machista

Lo consideran una criminalización de la profesión con un termino alejado de la realidad asistencial

TERRETA | EP

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) han mostrado su rechazo al concepto de «violencia obstétrica» y la enmienda presentada por PSPV, Compromís y Unides Podem en Les Corts para incluirlo en la ley de 2012 contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Así se han posicionado tras la propuesta presentada por los tres socios del gobierno autonómico a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Esta enmienda ha generado la dimisión de dos ginecólogas, por lo que los grupos parlamentarios se han mostrado dispuestos a «hablar» sobre su encaje legal.

En un comunicado, el ICOMV denuncia que este término supone un «ataque directo» contra los médicos especialistas en ginecología, las matronas y el resto del personal sanitario que participa en el seguimiento de los embarazos y partos con el fin de preservar la salud de la mujer y del bebé.

«La violencia de género es un tema muy serio y preocupante en nuestro país», subraya, y advierte que incluir el uso del término ‘violencia obstétrica’ dentro de la violencia de género «no hace más que romper la confianza médico-paciente y la relación de respeto mutuo» tan importante en esta profesión.

Aunque «como en cualquier otro trabajo, pueden darse casos de mala praxis», la entidad colegial remarca que no es lo habitual y que si es así deben abordarse por las vías legales correspondientes.

Y es que, a su juicio, no se puede permitir que se cree un concepto que «criminalice» el trabajo de los ginecólogos y del personal sanitario que vela día a día por la calidad asistencial y la salud de las mujeres y sus hijos.

Por su parte, el Sindicato Médico ha manifestado «profundo rechazo» ante un término que «pretende criminalizar las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto», y ha solicitado que «se retire el uso de este término, alejado de la realidad asistencial» y que «crea una innecesaria alarma social entre las pacientes, erosionando así la necesaria confianza médico-paciente».

El CESM-CV ha afirmado que el término «califica como violencia las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor
científico y de la ética médica» y ha defendido que «este concepto en absoluto se ajusta a la realidad de la asistencia obstétrica en nuestro país».