Compromís preguntará en el pleno por la convocatoria de la Mesa por la Vivienda

La cuestión se plantea por el elevado aumento de desahucios en la ciudad de Alicante.

El concejal del Grup Municipal de Compromís y candidato a la alcaldía de Alicante, Rafa Mas, elevará al pleno del jueves una pregunta para conocer, de parte de la concejala de Acción Social Julia Llopis, cuándo se va a convocar la Mesa por la Vivienda ante el creciente número de desahucios en la ciudad de Alicante.

Mas recuerda que el Ayuntamiento de Alicante constituyó en 2017 la Mesa por la Vivienda, por entonces integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios de Alicante (PAH), varias entidades financieras (así como de sus empresas gestoras de vivienda), el Colegio de Abogados de Alicante y la Entidad de Infraestructuras de Generalitat Valenciana (EIGE), con el objetivo de abordar la situación de vulnerabilidad y/o exclusión social de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda en Alicante. Lejos de mejorar, “la situación se ha agravado” afirma Rafa Mas, quién añade “sin ir más lejos, el pasado uno de febrero María, una mujer jubilada de 71 años y Moisés, su hijo que tiene una discapacidad psíquica, fueron desahuciados de su vivienda en Carolines Baixes. Y el motivo del desahucio no se debía a ningún impago. Un fondo buitre, propietario de las viviendas del bloque de pisos, optó por no renovar el contrato de los alquileres”.

Este y otros desahucios están previstos los próximos días en la ciudad. Por ello, es necesario dotar de soluciones habitacionales de manera efectiva y a la mayor brevedad posible para las personas que lo necesitan. El Ayuntamiento de Alicante no puede permanecer impasible ante la situación actual, con desahucios constantes, por lo que debe volver a articular una mesa de diálogo y negociación entre las instituciones públicas, entidades financieras y personas afectadas.

La Mesa constituida hace seis años planteaba la cesión de un porcentaje del parque de viviendas para dedicarlo a alquileres sociales a familias en situación de exclusión social, cesión de la gestión de esas viviendas al Ayuntamiento, durante un período de tiempo, con la contrapartida de que sea la institución pública quien asegure el cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre las partes, introduciendo mecanismos de control y compensación.