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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a publicado la Ley Orgánica de amnistía destinada a la normalización institucional, política y social en Cataluña, más conocida simplemente como Ley de Amnistía. Esta normativa ha entrado en vigor inmediatamente tras su publicación, otorgando a jueces y tribunales un plazo de dos meses para su implementación.
El decreto, firmado el 10 de junio por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establece que la amnistía entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Además, se ordena a “todos los españoles, particulares y autoridades”, que cumplan y hagan cumplir esta ley orgánica.
El Congreso aprobó esta norma en el pleno del 30 de mayo con una mayoría absoluta, superando el veto del Senado y finalizando así varios meses de negociaciones entre el Gobierno y las formaciones independentistas. Este acuerdo, resultado de los pactos entre el PSOE, ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez, tiene como finalidad amnistiar a todos los implicados en el proces desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
La ley abarca tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como por el referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones por los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo. Según Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta normativa beneficiará a 372 personas, incluyendo dirigentes de Junts y ERC, 12 miembros de los CDR procesados y otros investigados por ‘Tsunami Democràtic’.
El Grupo Socialista registró en solitario esta proposición de ley el 13 de noviembre del año pasado. A pesar de haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia, no se aprobó hasta más de seis meses después, con el respaldo de 177 diputados de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a 172 votos en contra de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Tras la publicación de la ley, los jueces y tribunales tienen un plazo de dos meses para aplicarla, aunque este plazo se detendrá si se presenta una cuestión ante la justicia europea. Además, el diario oficial abre el plazo para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, y al menos el PP ya ha anunciado que impugnará la ley.
Escrito por Adm-TRD
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