El Botànic pone deberes al Gobierno: financiación, dependencia, derecho civil valenciano y Corredor Mediterráneo

Los grupos que sustentan al gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP) en Les Corts han aprobado este jueves reclamar los deberes pendientes que tiene el Gobierno con la Comunitat Valenciana: financiación autonómica, 50% del gasto en dependencia, recuperación del derecho civil valenciano y finalización del Corredor Mediterráneo.

Así se recogen en las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por el Botànic y aprobadas con los votos en contra o abstención de la oposición en el Debate de Política General para que el Consell inste al Gobierno a cumplir con la agenda valenciana.

Entre ellas se encuentra acelerar los trabajos para abordar la reforma del sistema de financiación en esta legislatura y, hasta que sea realidad, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan un fondo de nivelación con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana.

Además, los grupos ‘botánicos’ proponen iniciar un proceso de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para dar solución a la deuda histórica acumulada a consecuencia de la infrafinanciación, así como recuperar el derecho civil valenciano que permitió aprobar leyes propias como la de régimen económico matrimonial, la de relaciones familiares de hijos con padres no convivientes o la de uniones de hecho formalizadas.

Otra de sus reclamaciones es la ejecución de los trabajos para completar el Corredor Mediterráneo, que los PGE de 2023 incluyan inversiones de transporte equivalentes al peso poblacional, ejecutar las inversiones necesarias en ferrocarriles y, posteriormente, llevar a cabo la cesión de Renfe Cercanías a la Generalitat.

En materia de bienestar social, exigen que el Gobierno cumpla con el pago del 50% del gasto de la dependencia y reformar el decreto de promoción de autonomía personal para que desaparezcan la penalización a las prestaciones que reciben las autonomías dirigidas a los cuidados del entorno familiar. También proteger las prestaciones individuales de emergencia social y desarrollar normativamente la figura del asistente personal.

En cuanto a vivienda, piden garantizar la protección permanente en caso de desahucio sin alternativa habitacional, regular precios máximos de alquiler en zonas tensionadas y facilitar la trasferencias de la gestión de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al parque público autonómico para destinarla a alquiler social.

“SEGUIR AVANZADO”

A nivel autonómico, en las propuestas aprobadas establecen medidas para seguir avanzado en el pacto del Botànic. Entre ellas, iniciar la reversión a gestión pública de los departamentos sanitarios de Dénia y Manises en 2024, cuando finalicen las actuales concesiones, aumentar y consolidar plantillas en base a las listas de espera o impulsar un plan de acción de salud mental hasta 2026.

En educación apuestan por avanzar en la gratuidad 1-2 años con un aumento del bono infantil no inferior al 15% actual, congelar los precios del comedor escolar a pesar de la inflación y desarrollar planes para mejorar las condiciones en zonas catastróficas.

Dentro del plano económico plantean que las ayudas a grandes empresas “no sean a fondo perdido”, sino que la inversión se traduzca en accionariado asumido por la Generalitat, impulsar medidas para sectores estratégicos como el azulejo o continuar fomentando ayudas para reforzar la jornada laboral de 32 horas.

Otras de sus propuestas son aumentar las plazas y los salarios en el sector de las residencias, establecer la gratuidad del Carnet Jove o poner en marcha una “comisión de la verdad” sobre la Guerra Civil y el franquismo.