El PP exige a Gabriela Bravo asumir responsabilidades por despilfarro en la SGISE

La diputada popular ha destacado que “a puertas de las elecciones del 28M, intentaron colar 1.800 nuevos empleos públicos”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Laura Chulià, ha instado a la Consellera de Emergencias, Gabriela Bravo, a asumir sus responsabilidades ante el despilfarro y descontrol financiero en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE).

Chulià ha señalado que, a pocos meses de las elecciones del 28 de mayo, se intentó introducir 1.800 nuevos empleos públicos, lo que constituye un ejemplo más de las irregularidades que llevaron a la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en Les Corts sobre el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023. La diputada popular ha destacado que el objetivo del Consell de Mazón es esclarecer este asunto turbio.

En relación con la SGISE, Chulià ha subrayado que, según el informe de la Dirección General de Presupuestos, se han certificado retribuciones para 1.076 personas en 2021, mientras que solo se han abonado a 922 perceptores, evidenciando otra irregularidad en la gestión.

El informe también revela una gestión ineficiente del personal, especialmente en la tramitación de altas y bajas, donde se abonaban indemnizaciones por despido a trabajadores que eran contratados nuevamente después de recibir dichas indemnizaciones.

Chulià ha enfatizado que en el área de contratación se han detectado incumplimientos de la normativa aplicable, incluido el riesgo de fraccionamiento indebido de contratos.

La diputada del PPCV en Les Corts ha instado al PSPV a explicar el descontrol en el gasto público y ha señalado que la Consellera de Emergencias debe asumir responsabilidades por la gestión de la SGISE.

Chulià recordó que el Presidente Mazón anunció una auditoría después de descubrir que en los últimos cuatro años del Botànic se adjudicaron a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros. Solo cuatro empresas de las 54 entidades del Sector Público Instrumental recibieron una valoración positiva por parte de los auditores y la intervención de la Generalitat, según destacó la portavoz adjunta del GPP.