El TSJCV da dos días a las partes para que aleguen sobre su competencia para investigar a Oltra

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado un plazo de tiempo de dos días a las partes para que presenten alegaciones en relación con la competencia de este órgano para decidir sobre la posible imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Así se desprende de la diligencia, a fecha 31 de mayo, en la que se expone que habiendo transcurrido un tiempo “prudencial” para el examen de las actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de València, y a fin de determinar la competencia de la Sala, se da un plazo de dos días a las partes –Fiscalía, defensas y resto de acusaciones– para pronunciarse sobre esta cuestión.

Tras estudiar las alegaciones de las partes, el tribunal decidirá si admite a trámite el procedimiento. En caso afirmativo, se producirá la imputación formal de Oltra –personada en la causa–.

Este paso se ha producido después de que el juzgado instructor pidiera al TSJCV la imputación de Oltra al ver indicios delictivos. Se remitió a este órgano judicial ante la condición de aforada de la consellera.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

Tras varios informes y citaciones, el magistrado instructor ha estimado que existen indicios “racionales, serios y fundados” de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada.

A su juicio, “nos hallamos ante un expediente administrativo o una ‘información reservada’ indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado”.