Feministas rechazan la Ordenanza de Convivencia Cívica porque “revictimiza” a las mujeres prostituidas

Se castiga dicha conducta si se lleva a cabo por quien ejerce la prostitución y no por otras personas

La Asamblea 8M ha manifiestado su “total desacuerdo y rechazo” a la Ordenanza de Convivencia Cívica aprobada por el Ayuntamiento de Alicante porque considera que “revictimiza” a las mujeres prostituidas. “Siempre son las personas más vulnerables quienes son sancionadas y a quienes más se les niegan derechos fundamentales”, ha lamentado.

La organización feminista ha criticado que la norma sanciona económicamente a las mujeres que ofrecen sus servicios y “se centra en la criminalización y supuestas prácticas de seguridad ciudadana y no en la protección de las mujeres que están en prostitución”.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que “el mayor tanto por ciento son mujeres que provienen de la trata con fines de explotación sexual, es decir, posibles víctimas”, ha subrayado en un comunicado. Por tanto, considera que “se les aplica una medida que no viene a impedir la explotación sexual sino que por el contrario las revictimiza, provocando una mayor vulneración de sus derechos”.

La Asamblea 8M ha denunciado que “venimos asistiendo desde hace años a una auténtica expansión de estrategias de criminalización que tratan de construir nuevos espacios jurídicos que ya no son los tradicionales del código penal”. “El derecho administrativo sancionador se ha fortalecido como instrumento para sostener la marginación y posterior criminalización de determinados colectivos, recortando sus derechos con las nuevas técnicas de control social, reforzadas por la LO de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015”, ha recriminado.

También ha incidido en que la norma sanciona tales conductas siempre que se lleven a cabo en el espacio público y mediante retribución, es decir, “se castiga dicha conducta si se lleva a cabo por quien ejerce la prostitución y no por otras personas, de tal manera que no se sanciona la perturbación que pudiera suponer la visión de tales actividades, sino que sanciona el ejercicio de la prostitución en la vía pública”.

“Castiga asimismo la negociación, siendo de difícil discernimiento si se trata de una negociación donde medie retribución alguna. No se persigue la demanda de prostitución, solo interesa que dicha demanda se produzca en la calle, tampoco importa quién está detrás de la mujer prostituida, quién es el que se beneficia”, ha lamentado.

Además, ha señalado que la Ordenanza de Convivencia Cívica “no fija con claridad suficiente los comportamientos prohibidos, por lo que no garantiza el principio de tipicidad del artículo 25.1 CE”.

“REFLEJO” DE LA NORMA DE BARCELONA

La organización feminista ha aseverado que la ordenanza del Ayuntamiento de Alicante “es un perfecto reflejo de la que desde 2006 viene aplicándose en Barcelona con pequeñas modificaciones” y que, de hecho, “el artículo 39 de Alicante es exactamente igual que el 39 de Barcelona”.

En ese sentido, ha explicado que los datos aportados por la Guardia Civil “expresan sin ningún género de dudas quiénes han sido las personas sancionadas” como resultado de esa norma: “En tres años se ha producido un 62,4% por ofrecimiento, y un 29,6 por demanda”.

“En definitiva, siempre son las personas más vulnerables quienes son sancionadas y a quienes más se les niegan derechos fundamentales como en este caso, en vez de procurar asistencia de recursos públicos para poder salir de la prostitución y desde las mismas administraciones, en este caso municipales, apostar por una Ley Abolicionista nacional que sería el único instrumento para contribuir a la erradicación de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y por tanto a la defensa de los derechos fundamentales de las mismas. Tarea que sería la que es propia de una Administración responsable”, ha agregado.

Por todo lo anterior, la Asamblea 8M ha exigido que se retire la ordenanza que “criminaliza la pobreza, tanto la feminización de la pobreza como la mendicidad”. “Es decir, ahonda en la desigualdad en vez de remover los obstáculos para su erradicación a lo que están sujetas las administraciones públicas, por mandato constitucional”, ha concluido.