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La Comunitat Valenciana cerró el año pasado con un déficit de 1.292 millones de euros, lo que supone el 1,15% de su PIB, aunque lo redujo en 54 millones respecto al ejercicio anterior (-0,14%).
Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas correspondientes al año 2021 expuestos este jueves en rueda de prensa por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2021 en el 6,76% del PIB, 3,3 puntos porcentuales por debajo del dato de 2020, y se situó en 81.521 millones de euros, lo que supone un descenso de casi un 28% frente al ejercicio anterior. Incluyendo la Sareb, el déficit público se situó en el 6,87% del PIB.
El dato final se sitúa 1,6 puntos por debajo de la estimación del Gobierno (8,4%) y supone la mayor reducción registrada en la serie histórica, tras registrar una bajada significativa respecto a 2020, cuando el déficit alcanzó el 10,09% –sin incluir la Sareb–, la segunda cifra más alta de la historia.
La titular de Hacienda ha puesto en valor que la cifra de cierre confirmada ha mejorado los resultados de las estimaciones de organismos internacionales, así como las del propio dato comprometido por el Gobierno ante Bruselas.
Esta holgura permite afrontar ahora, según Montero, los retos derivados de la guerra de Ucrania y aplicar el ‘Plan Nacional’ de respuesta al impacto económico del conflicto, que incluye la prórroga de las rebajas fiscales en la factura de la luz o bonificaciones al combustible.
Por subsectores, la Administración Central cierra con un déficit de 72.133 millones (5,99% del PIB) sin contar las ayudas financieras; las comunidades registran un déficit de 334 millones (0,03% del PIB); las entidades locales alcanzan un superávit de 3.271 millones (0,27% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social obtiene un déficit de 12.325 millones (1,02% del PIB).
En el lado de los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos han aumentado un 13,2% (61.458 millones) debido fundamentalmente a los mayores ingresos fiscales (39.328 millones), así como a la positiva evolución de las cotizaciones sociales, que crecen en un 6,3%.
Por el lado del gasto, que se ha incrementado un 5,2% (excluida la ayuda financiera), caben destacar las siguientes partidas que provocaron este comportamiento: consumos intermedios (7%), remuneración de asalariados (4,9%), formación bruta de capital (8,2%) y resto de empleos (47,9%).
En 2021 el Estado ha registrado un déficit equivalente al 6,14% del PIB, frente al 7,56% existente en 2020, incluida la ayuda financiera. De esta forma, el déficit se sitúa en 73.972 millones, lo que supone un descenso del 12,8% respecto a los 84.799 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no financieros del 20,3%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a menor ritmo del 9,8%.
En concreto, los recursos no financieros se sitúan en 219.620 millones, lo que supone un 20,3% más respecto al mismo periodo de 2020. Destaca especialmente el fuerte crecimiento de los impuestos, que alcanzan los 181.367 millones, un 21,4% más respecto a diciembre de 2020 debido a la reactivación económica.
La remuneración de asalariados crece un 3,1%. Esta rúbrica, que asciende a 20.173 millones, incorpora la subida salarial de los funcionarios para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020. Por su parte, los intereses devengados crecen un 3,8% hasta situarse en 23.238 millones.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han sido de 20.208 millones, con un incremento interanual del 5%,afectado por el avance del gasto en pensiones de Clases Pasivas, cifra que recoge la paga compensatoria por desviación del IPC del año 2021 de aproximadamente 267 millones.
Según se desprende de los datos publicados por Hacienda, el gasto Covid del conjunto de Administraciones Públicas alcanza en 2021 los 35.728 millones, inferior en un 19% a los 43.875 millones registrados en 2020. De ese total, el gasto Covid-19 asociado al Estado ha sido de 33.414 millones es decir, el 94% del total, de los cuales ha transferido a otros subsectores 27.232 millones.
El gasto Covid de la Seguridad Social ha ascendido a 10.496 millones euros, inferior a los 27.831 millones de 2020, mientras que las comunidades autónomas han incurrido en un gasto Covid de 18.305 millones, por encima de los 13.360 millones de 2020. Finalmente, las Entidades Locales han ejecutado 745 millones de gasto Covid, por debajo de los 1.254 millones del año anterior.
Las comunidades autónomas han logrado cerrar con equilibrio presupuestario al registrar un saldo negativo de apenas 334 millones, lo que supone el 0,03% del PIB, frente al déficit del 0,22% de 2020.
En concreto, los ingresos de la administración regional aumentan un 9,6% interanual, es decir, 19.672 millones. Este incremento se debe, principalmente, a la mayor financiación recibida del Estado, que se ha elevado un 6,6%, hasta los 110.538 millones. De hecho, las transferencias recibidas del Estado representan el 49,3% de los recursos del subsector.
A cierre del ejercicio hay diez comunidades autónomas que registran superávit. Estas son Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco.
En lo que respecta a los gastos Covid-19, de acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, a finales de diciembre, alrededor de 18.300 millones corresponden a gasto derivado de la pandemia, en su mayor parte de carácter socio sanitario, educativo y de ayudas directas a autónomos y empresas, principalmente las correspondientes a la línea Covid. En concreto, el gasto socio-sanitario derivado de la Covid-19 asciende a 7.218 millones.
De su lado, la Administración Local presenta un superávit de 3.271 millones, lo que representa un 0,27% del PIB, algo superior en términos absolutos al registrado en 2020 (2.922 millones), que se situó asimismo en un 0,26% del PIB. Este subsector ha venido registrando superávits desde 2012, frente a un objetivo de estabilidad presupuestaria que se fijaba en el 0%.
Analizando el comportamiento de los ingresos, se observa que estos han experimentado un incremento del 7,4% con respecto a 2020, lo que supone un incremento de 5.507 millones. Una mejora motivada por los mayores recursos impositivos, que crecen en un 7,7% reflejando la mejoría de la actividad económica.
Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social registran un fuerte descenso, con un déficit al cierre del ejercicio de 12.325 millones, frente al déficit de 29.344 millones alcanzado en 2020. En términos de PIB, el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 1,02%, mientras que en 2020 se alcanzó un déficit que suponía el 2,62%.
Este mejor comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 6,8% –especialmente debido al buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento también del 6,8% y al aumento en un 7,2% de las transferencias recibidas del Estado–, frente al descenso registrado en los gastos de un 1,8%, debido al menor gasto Covid-19, que ha pasado de 27.831 millones a finales de diciembre de 2020 a 10.496 millones en 2021.
Escrito por Adm-TRD
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