La Sindicatura insta a la Diputación a implantar medidas contra el fraude y la corrupción en las contrataciones

La Diputación incumple en la concesión de ayudas la obligación de suministrar toda la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La Sindicatura de Comptes insta a la Diputación de Alicante a elaborar un plan de inversiones “realista” y a implantar medidas de prevención contra el fraude o la corrupción durante la tramitación de expedientes de contratación.

Así consta en un informe de fiscalización realizado entre 2019 y 2021 en la que la corporación provincial obtiene un 90,5% de la puntuación máxima posible, lo que la sitúa en un nivel de riesgo bajo.

Por áreas, la mayor puntuación se la lleva la de intervención (93,4%), por delante de gestión económico-financiera (92,4%), gestión administrativa (89,7%) y controles básicos de ciberseguridad (86,6%).

No obstante, como resultado de la revisión hay diez deficiencias “significativas” sobre el entorno de control que representan un riesgo para la organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa, la protección de los activos y el control interno.

Entre las deficiencias, el informe recoge que la Diputación no siempre comprueba en la fiscalización de subvenciones la presentación en plazo de la cuenta justificada, la acreditación de gastos mediante facturas o si hay importes pendientes de justificar.

Otra incidencia es que la Diputación incumple en la concesión de ayudas la obligación de suministrar toda la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Tampoco cumple con ciertos trámites relativos a los presupuestos anuales: la aprobación definitiva por el pleno y su presentación en esta sesión.

MAZÓN DEBE PRESENTAR INFORMES AL PLENO

La auditoría también advierte que los informes definitivos de control financiero no se han remitido por parte del presidente, Carlos Mazón, al pleno de la institución provincial, así como que no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años anexo al presupuesto general.

Respecto a la contratación, Sindicatura señala que los expedientes relativos a modificados no incluyen en todos los casos la publicación del anuncio de la aprobación y formalización en el perfil de contratante y la comunicación al Registro de Contratos del Sector Público. Además, en 2019 detectó que en algún expediente se efectuó fraccionamiento del objeto del contrato.

Paralelamente, en materia de recaudación, no se han tramitado expedientes de responsabilidad sobre valores de reducida cobrabilidad que la corporación cifra en 608.861 euros y entiende como no prescritos.

Respecto a organización, el ‘Consorcio para la ejecución de previsiones del plan zonal de residuos 11’ no está formalmente adscrito a ninguna entidad local ni a la propia Diputación. Y en transparencia, la auditoría reconoce la adaptación a todas las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia de 2013, excepto la de información estadística.

RECOMENDACIONES

Ante estas deficiencias, la Sindicatura de Comptes realiza una serie de recomendaciones a la corporación alicantina, como elaborar un manual de procedimientos que incluya las funciones y responsabilidades del personal asignado al área de contratación o establecer un plan de inversiones “realista”, de acuerdo con su capacidad de ejecución.

También aconseja, para mejorar la organización de personal, fijar unas horas mínimas anuales de formación e incorporar en los
expedientes de personal el NIF, la situación personal, la titulación, la toma de posesión o contrato, el reconocimiento de antigüedad, los cursos realizados y el reconocimiento de compatibilidades.

Para mejorar el control de subvenciones, insta a crear un registro único y que se exija la vinculación del presupuesto. Por último, propone medidas específicas de prevención contra el fraude o corrupción durante la tramitación del expediente de contratación, adicionales a la declaración responsable de las empresas licitadoras.

Entre ellas, la inclusión en los pliegos de penalidades en caso de incumplimiento del deber de informar sobre posibles situaciones de conflicto de intereses y la declaración responsable tanto de los cargos públicos de la entidad como del personal que interviene en la tramitación y de los trabajadores ajenos.