Las concesionarias de las ITV pedirán una prórroga de la gestión indirecta del servicio a partir de 2023

En el informe plantearán vías alternativas de gestión que permitan realizar una transición basada en la colaboración público-privada, en lugar de una decisión política.

La asociación que integra a las siete entidades concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) pedirá una prórroga de la gestión indirecta del servicio con motivo del parón sufrido por las estaciones a consecuencia de la pandemia, de cara a la finalización del contrato el próximo 31 de diciembre.

Hace unas semanas, la Generalitat anunció la creación de un grupo de trabajo con las siete empresas para lograr un proceso de reversión a gestión pública “amable” a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años, un servicio que asumirá la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

En este contexto, las concesionarias anuncian la elaboración de un informe “transparente” para difundir sus “datos reales” de gestión e inversión en el servicio de las ITV durante los últimos 24 años, dentro de una ronda de contactos y de apoyos públicos y privados.

Se trata de un documento que presentarán a los grupos parlamentarios de Les Corts, a la Conselleria de Hacienda y a la comisión de estudio para la reversión de servicios públicos externalizados, de la mano de la patronal autonómica CEV, para demostrar que “la Conselleria de Economía Sostenible se ha basado en una referencia externa falta de rigor para justificar el paso a la gestión directa”.

También realizarán una comparativa “constructiva” de los indicadores de calidad asistencial con las ITV de otras comunidades autónomas, “la mayoría, el 90%, gestionadas de manera indirecta”, con el objetivo de “enriquecer aún si cabe el servicio con mejoras en la prestación de cara a los próximos años: revisión de los tiempos medio de espera, de las tarifas y del número de estaciones de inspección”.

Paralelamente, en el informe plantearán vías alternativas de gestión que permitan realizar una transición basada en la colaboración público-privada, en lugar de “una decisión política que afecta directamente a la calidad del servicio público y especialmente al contribuyente, sea o no sea conductor”.

SE DESVINCULAN DE “ETAPAS PASADAS”

En general, AECOVA-ITV afirma afrontar este proceso con “transparencia, lealtad institucional, capacidad conciliadora y el sentido de prevalencia del servicio público, una etapa clave para la seguridad vial y la calidad asistencial”. Quieren desvincularse así de “cualquier relación que pretendan establecer desde algunos foros políticos con etapas pasadas que nada tienen que ver”.

“Somos empresarios valencianos con trayectorias incontestables que creen en la colaboración público-privada, con la adaptación inmediata a las nuevas exigencias de la Generalitat y a las necesidades generadas debido a la lucha contra el cambio climático. Un compromiso por la sostenibilidad que también hacemos nuestro, como se puede ver en algunas de las reivindicaciones que planteamos en torno a la revisión de emisión de gases de los vehículos, a favor del medio ambiente y con la prioridad siempre puesta en la seguridad de los conductores”, subraya la patronal en su comunicado.