Llorens (PP) niega el amaño del pliegos para obras y construcción de contenedores en 2009: «Yo no intervenía»

Ha defendido la legalidad del proceso y ha resaltado que durante la licitación y adjudicación no hubo «ningún reparo, ni quejas ni recursos por parte de otras empresas

TERRETA|EP

El exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana en el Ayuntamiento de Alicante con el PP, Andrés Llorens, ha declarado en el juicio por el presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de contenedores de basura soterrados en 2009 que él no intervenía en la relación de los pliegos ni en las adjudicaciones y ha negado su participación en reuniones con las empresas adjudicatarias.

Del mismo modo, ha defendido que no hubo ninguna ilegalidad en los procesos y ha recalcado que «confiaba en los que le decían los técnicos» de su Concejalía. Así se ha pronunciado a preguntas de la Fiscalía y las defensas en la segunda sesión del juicio que se celebra en la sección décima de la Audiencia Provincial, en la que también ha declarado otro de los cuatro acusados, el apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso.

En la vista se juzga un presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de 140 contenedores -un lote de 100 y otro de 40- de basura soterrados sufragados con el Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como ‘Plan E’. En la primera sesión, el exjefe de servicio de Atención Urbana en 2009, José Lidón, y el empresario representante de la mercantil subcontratada CCMS negaron los hechos y aseguraron que su relación era «estrictamente profesional».

Por su parte, Llorens ha afirmado ante el tribunal que no tenía relación con el apoderado de Becsa antes de las adjudicaciones de los proyectos y que le conoció después de los procesos. Del mismo modo, ha remarcado que desconocía cómo se hacían las licitaciones y los proyectos y que su función era «firmar» algo que venía avalado por los técnicos municipales.

Asimismo, ha restado importancia a que su hermano trabajara en una empresa que suministraba el material a Becsa para los contenedores soterrados y ha afirmado que se enteró de esta situación por una noticia publicada en febrero de 2010, meses después de la adjudicación: «Me da igual, mi hermano era un empleado de la empresa que fabricaba un producto, era un tercero y no un participante de la licitación; a mí me da igual quién suministre los contenedores».

Igualmente, ha agregado que habló con los técnicos y que se modificaron algunos aspectos de las condiciones pero ha insistido en que «no se echó para atrás» y ha remarcado que fueron obras realizadas con carácter «urgente» porque había que justificar las inversiones del Plan Estatal para no perder los fondos que llegaban del Gobierno central.

Por último, a preguntas del ministerio fiscal sobre una obra en su casa, referente a una instalación de un aire acondicionado, que realizó con CCMS dos años antes de los hechos, ha afirmado que no le resultó «inquietante» porque «se emitió una factura y se pagó» el trabajo.

REGALOS

El apoderado de Becsa también ha negado los hechos y ha asegurado al tribunal que «nunca» se ha reunido con cargos públicos, técnicos municipales ni concejales en Alicante, al igual que ha afirmado que «nunca en 30 años» ha redactado proyectos constructivos y que su relación con Lidón era «profesional».

Asimismo, ha remarcado que «jamás» ha regalado nada a ningún técnico ni a ningún concejal del Ayuntamiento de Alicante pero sí ha precisado que «por aquella época era común hacer regalos protocolarios» pero ha añadido que «nunca he regalado un jamón a ningún técnico ni concejal».

Sobre la presencia del membrete del Ayuntamiento en los documentos de la licitación, ha dicho que era un «procedimiento habitual» en estos procesos y, posteriormente a preguntas de las defensas, ha añadido que ese membrete también figuraba en los documentos de otras nueve licitadoras. También ha afirmado que el hermano de Llorens «no intervino» en las adjudicaciones de los dos lotes de contenedores.

Por último, ha defendido la legalidad del proceso y ha resaltado que durante la licitación y adjudicación no hubo «ningún reparo, ni quejas ni recursos por parte de otras empresas» y que todo se hizo «respetando las instrucciones del Ayuntamiento».

Según las acusaciones, los cuatro encausados se habrían puesto de acuerdo para manipular los contratos públicos de varias obras de renovación urbanística para favorecer a las compañías Civil de Construcción Mantenimientos y Servicios (CCMS), y la delegación en Alicante de Becsa, y así redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos municipales.

Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce la exedil del PSPV, Carmen Sánchez Brufal, solicitan inicialmente para los cuatro acusados sendas penas de cuatro años de prisión por delitos continuados de prevaricación y fraude. Para el exregidor y el técnico solicita además 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Para los dos empresarios, el apoderado de la mercantil adjudicataria, y el administrador de la subcontratada, pide su inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.

El Ministerio Público asegura en su escrito de acusación que el Ayuntamiento alicantino resultó perjudicado por estas adjudicaciones irregulares, «al quedar viciada la igualdad en las contrataciones», por lo que pide que sea indemnizado por los encausados de forma solidaria y conjunta con 1.209.700 euros.