Los exediles del PP Llorens y Zaragoza niegan amaños o tratos de favor en las adjudicaciones a ‘Isjoma’

El exvicealcalde y concejal delegado de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante con el PP, Andrés Llorens, y el exconcejal de Hacienda, Juan Zaragoza, han negado este martes que hubiera cualquier tipo de amaño y trato de favor en las adjudicaciones de suministro, montaje y desmontaje de escenarios y la colocación y retirada de sillas a la mercantil desaparecida ‘Isjoma’.

Así lo han expresado ambos en el juicio por las presuntas irregularidades detectadas en las adjudicaciones de infraestructuras culturales y festivas entre 2003 y 2009, que se celebra esta semana en la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Fiscalía pide penas de entre uno y tres años por varios delitos de prevaricación en concurso con un delito continuado de fraude a la administración.

Llorens ha asegurado que los pliegos y las adjudicaciones estaban avalados por los técnicos, en concreto por el que fuera jefe de servicio de Mantenimiento, un funcionario ya fallecido, cuya labor y trayectoria en el consistorio fue “intachable”, según ha dicho. Por su parte, Zaragoza ha negado que hubiera ningún regalo ni información privilegiada sobre el contenido de las licitaciones.

La sesión ha arrancado con la intervención de Llorens, quien ha insistido en que él tomaba decisiones “políticas”, no tenía competencias en las cuestiones técnicas y que tampoco tenía ni “criterio” ni “capacidad” para “comprar ni contratar”. “Yo soy político y tomaba decisiones políticas”, ha explicado y ha indicado que todo lo que le llegaba tenía la firma del funcionario fallecido y “mi confianza en él era plena”.

Además, ha detallado que él venía de dirigir una Concejalía pequeña cuando entró a gestionar Atención Urbana, que era un área que tenía “muchas labores de coordinación de otras Concejalías”, así que una vez asumió el puesto de concejal delegado avaló tanto la estructura como el organigrama encabezado por el Jefe de Servicio ante su “intachable” trayectoria en el consistorio y con el equipo de funcionarios.

Del mismo modo, a preguntas del Ministerio Fiscal, ha reiterado que desconocía los detalles de los contratos porque “no era su función”. Y ha reconocido que no le llamó la atención seguir firmando contratos menores una vez sacada la licitación porque todo estaba avalado por los técnicos y sin reparos de Intervención Municipal.

En esta línea ha reiterado que tenía “plena confianza” en el jefe de servicio, quien era el que redactaba los pliegos. “Firmaba entre 300 y 400 documentos a veces a la semana y todo llegaba con la firma de él”, ha agregado Llorens. Consultado por la existencia de otra oferta, en este caso de la mercantil denunciante, que mejoraba las condiciones de ‘Isjoma’, ha afirmado que conocía dicha opción pero que todo se debió a una cuestión técnica.

Igualmente, ha negado cualquier trato de favor, ni regalos, ni que hubiera información privilegiada hacia los gerentes de ‘Isjoma’, al igual que ha insistido en que la adjudicación provisional, una vez llegó a junta de gobierno local, no recibió ninguna alegación.

“Nunca he tenido la sensación de que se estuviera haciendo nada mal en la concejalía, de haberlo detectado se lo hubiera transmitido al jefe de servicio”, ha añadido Llorens, quien ha aclarado, a preguntas de su defensa, que no tenía “ninguna relación” ni “ningún tipo de interés” con la oferta de ‘Isjoma’.

Por último, ha afirmado que no era consciente de que se estaban fraccionando contratos hasta que lo vio publicado en prensa, aunque preguntó al funcionario al respecto y éste respondió que “todo era legal”. Además, ha finalizado su intervención recordando que fue la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, la que decidió tras la petición de un informe llevar a cabo la licitación definitiva.

COMIDAS Y REUNIONES

Por su parte, Zaragoza ha explicado que se reunió en diversas ocasiones con los empresarios de la firma denunciante, Alavés Montajes y Realización, ya que estos le transmitían que iban a ganar el concurso “sí o sí” y después se quedaron “muy enfadados” al ver que no había sido elegidos como adjudicataria.

También ha asegurado que ambos empresarios “atacaron verbalmente” a los técnicos municipales en un encuentro y le acusaban de haber facilitado la elección de ‘Isjoma’ para ser la empresa elegida, unas afirmaciones que Zaragoza les recriminó: “Estuve a punto de echarles de mi despacho”.

En definitiva, Zaragoza ha señalado que ambos empresarios querían utilizar la relación existente entre el exconcejal y el propietario de la firma Alavés para intentar influir en Llorens con el objetivo de que la adjudicación fuera para ellos, ya que estaban “enfadados” por no ganar el concurso.

Al igual que Llorens, a preguntas de las partes ha asegurado que “nunca” facilitó los pliegos de contratación a nadie, que no tenía relación con los gerentes de ‘Isjoma’ y que las grabaciones contratadas por la empresa afectada están “manipuladas” para que parezca que él tenía alguna responsabilidad en la decisión de no adjudicación.

“YO NO QUERÍA PACTAR”

En la sesión también han declarado varios testigos, entre ellos uno de los empresarios denunciantes de la acusación particular, y la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo.

El empresario ha indicado que las decisiones y gestiones del “día a día” recaían sobre su hijo, quien también era socio de la mercantil y, al contrario de las afirmaciones de Zaragoza, ha negado que existiera una relación de “amistad” entre él y el exconcejal: “Tan sólo éramos vecinos”.

El denunciante ha explicado al tribunal que Zaragoza le trasladó en una reunión que “debían pactar” con ‘Isjoma’ si querían optar a la adjudicación, a lo que él se negó porque “tenemos mejores materiales y trabajamos mejor que Isjoma, no era lógico porque estábamos más preparados”.

Por último, Castedo ha detallado que Alavés se reunió con ella horas antes de la celebración de la junta de gobierno en la que se debía ratificar el expediente de la adjudicación para transmitirle que era “injusto” que no hubieran ganado el concurso. A lo que le respondió que iba a solicitar un informe “urgente” al Jefe de Servicio para certificar que la tramitación había sido correcta.

Una vez se elaboró el documento que determinaba que se había hecho correctamente, se autorizó para su aprobación en junta de gobierno local, ya que Castedo ha agregado que no recuerda que hubiera ninguna reticencia respecto a la adjudicación.