Nueve detenidos por fraude en contratos y permisos de residencia

Agentes de la Policía Nacional han culminado una operación contra un entramado que se dedicaba a realizar contratos fraudulentos y fraude a la Seguridad Social con la detención de nueve personas, entre los que se encuentran cinco empresarios y un abogado propietario de una asesoría.

La operación policial tuvo su inicio a raíz de una información anónima que acusaba al propietario de una asesoría de la ciudad de Alicante de  estafar a extranjeros en situación vulnerable. Una trabajadora de la asesoría de origen marroquí era la que captaba a los clientes a los que prometía contratos de trabajo, que es uno de los principales requisitos para obtener el permiso de residencia.

Una vez concertada la cita en la asesoría, pedían a las víctimas dinero en efectivo y por adelantado, las cuales pagaban entre 5.000 y 9.000 euros por los trámites. 

El responsable de la asesoría contactaba con varios empresarios que se ofrecían a realizar ofertas laborales que finalmente no se llevaban a cabo. Además al ser enviada la documentación a la oficina de extranjeros de Alicante ésta era enviada por la asesoría intencionadamente con errores para que las solicitudes fueran rechazadas.

Varias víctimas manifestaron a los agentes que cuando iban a la asesoría a reclamar la trabajadora les coaccionaban para que no denunciasen los hechos ante la Policía, argumentando que si lo hacían serían expulsados o nunca obtendrían el permiso de residencia.

La operación que ha sido llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Alicante ha culminado con la detención de nueve personas, siendo estas cinco empresarios y dos mujeres extranjeras a los que se les acusa de un delito de falsedad documental; la trabajadora de la asesoría a la que se acusa de falsedad documental, estafa y coacciones; y el abogado y propietario de la asesoría al que se le acusa de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social. 

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.