Ortiz: «La Sentencia me absuelve de 4 delitos y prueba que no hubo amaño del PGOU»

Enrique Ortiz Enrique Ortiz en cortes Valencianas

El empresario Enrique Ortiz ha dicho que la sentencia sobre el ‘caso Brugal’ relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante le absuelve de «cuatro delitos» de los que se le acusaba y «prueba que no hubo ‘amaño del PGOU’, por mucho que esta expresión se repita públicamente».
Ortiz ha hecho estas manifestaciones en un comunicado tras la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante sobre esta causa, en la que ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de la capital de esta provincia del PP Luis Díaz Alperi y a Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho.
La Sala, en cambio, les ha absuelto, al igual que ha hecho con la también exalcaldesa del PP Sonia Castedo y con los seis acusados restantes, por falta de pruebas o prescripción de las infracciones penales, de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.
En el comunicado, Ortiz expone que esta decisión judicial le absuelve de «cuatro delitos» de los que se le acusaba en relación con el PGOU de Alicante.
«El tribunal que dicta sentencia me absuelve y, por tanto, no puede hablarse de ‘amaño'», sostiene.
El empresario asegura que la sentencia «prueba que no hubo ‘amaño del PGOU’, por mucho que esta expresión se repita públicamente», y especifica que la multa que se le «impone viene dada por el regalo en Navidad y que el tribunal considera ‘excesivo'».
Ortiz alude también a que «la misma sentencia reconoce que este procedimiento judicial ha tenido ‘una duración excesiva'».
«Han sido más de doce años de un proceso que me ha ocasionado gravísimos perjuicios en lo personal y que también ha afectado a mi actividad profesional», manifiesta.
Además, señala que «la dilatación de este caso y su repercusión mediática» han conllevado para él «una larguísima condena previa y pública, que lamentablemente ha pesado también» sobre su familia y su entorno, y espera que «en el futuro haya un trato más respetuoso» hacia su «presunción de inocencia».
«Mi mayor deseo a partir de ahora es que el final de este proceso judicial nos permita a mí y a mi familia pasar página en lo personal. Nuestra voluntad es continuar trabajando para garantizar el futuro de nuestras empresas y de todos los puestos de trabajo que generan», expone Ortiz en el comunicado.
La sentencia, que consta de 295 páginas y que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida ahora en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En líneas generales, el Tribunal considera que no existen pruebas de que los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo facilitaran información reservada sobre el planeamiento urbanístico ni que influyeran en técnicos y funcionarios para beneficiar a Ortiz a cambio de diferentes dádivas y regalos.
En el juicio por esta causa se sentaron en el banquillo de los acusados, además de Castedo, Díaz Alperi (predecesor de ella en la Alcaldía) y Ortiz, el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
Los hechos enjuiciados se remontan a los años 2008, 2009 y 2010, periodo en el que culminó la elaboración del PGOU de Alicante y su exposición pública

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