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Alicante se ha pronunciado este jueves en contra de la intención del Gobierno que preside Pedro Sánchez de aprobar una especie de ‘cupo vasco’ para Cataluña debido al impacto negativo que tendría en la redistribución justa de la riqueza entre todas las Comunidades Autónomas y en la economía de las provincias más infrafinanciadas como Alicante. La declaración institucional, impulsada por el grupo Popular ante el Pleno municipal de junio, reclama además una revisión del actual sistema de financiación autonómica en todo el territorio y solicita una atención especial para Alicante ante la infrafinanciación que sufre cumpliendo el tercer año siendo la última provincia en inversiones en los presupuestos generales del Estado.
El concejal de Economía y Hacienda, Toni Gallego, ha exigido al Gobierno de España “una revisión del actual sistema de financiación autonómica para garanlizar una distribución justa de los recursos públicos, que refleje las necesidades reales de cada provincia y asegure que ninguna sea privilegiada por motivos exclusivamente políticos”. “Solo actualizando la financiación autonómica, a la Comunidad Valenciana le corresponderían 1.200 millones más” ha apuntado.
“Solicitamos una atención especial a la situación financiera de la provincia de Alicante, con el fin de corregir la infrafinanciación crónica que sufre y asegurar que los impuestos pagados por nuestros ciudadanos se traduzcan en mejoras significativas en los servicios públicos y en el desarrollo económico local” ha subrayado la edil quien ha recordado que “Alicante sigue por tercer año consecutiva como la última provincia en inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado”.
La declaración ha sido aprobada por 17 votos a favor de PP (13) y Vox (4) y ha contado con 11 en contra de PSOE (8), Compromís (2) y EU-Podem.
En la declaración institucional se señala que “en las últimas semanas, hemos sido testigos de una propuesta del Gobierno Central para otorgar a Cataluña un régimen de financiación similar al denominado ‘Cupo Vasco’. Esta medida ha generado un profundo rechazo entre numerosos sectores políticos y sociales, y ha despertado una legítima preocupación entre los ciudadanos alicantinos debido al impacto negativo que puede tener sobre nuestra ya perjudicada situación económica. Es crucial recordar que Alicante es la provincia que menos inversión por habitantes tiene de España en los tres últimos ejercicios, y esta propuesta podría agravar aún más esta situación”.
“Esta decisión tendría un impacto negativo muy significativo en la economía de los alicantinos. La Comunidad Valenciana, y más acusadamente en la provincia de Alicante ya enfrenta una crónica infrafinanciación, y esta nueva medida únicamente sería para aumentar la disparidad en la distribución de los recursos públicos” añade el acuerdo.
Escrito por Adm-TRD
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