Regantes se concentran este martes en Moncloa en defensa trasvase Tajo-Segura

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) ha convocado este martes una protesta junto al Palacio de la Moncloa para mostrar su oposición al recorte del trasvase entre ambos ríos en un día en el se prevé que el Consejo de Ministros apruebe los planes españoles de cuenca.

Esta organización han convocado la concentración al lado del aparcamiento de Avenida Puerta de Hierro, junto al Palacio de la Moncloa, que transcurrirá desde las 10.00 hasta las 16.30 horas en dicho lugar.

Esta es la segunda protesta que organiza Scrats en lo que va de año, ya que el pasado 11 de enero miles de regantes y agricultores de las provincias de Alicante, Murcia y Almería se concentraron por la misma razón ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco).

El Consejo de Estado hizo público el pasado jueves su dictamen sobre los planes de cuenca y, según ha reiterado Scrats en un comunicado este lunes, este organismo ha formulado en él “una serie de consideraciones sobre la falta de coordinación de los planes hidrológicos relacionados por el trasvase Tajo-Segura”.

Ha explicado que, según el Consejo de Estado, esa falta de coordinación puede provocar “una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo –Segura”.

Tras este dictamen, de carácter consultivo para el Gobierno, es el Consejo de Ministros es el que adoptará una decisión final al respecto.

Scrats ha recordado que el proyecto sobre los planes de cuenca diseñado por el Miteco conllevaría que las tres provincias del levante cuenten con 78 hectómetros cúbicos menos para la agricultura de regadío que la media actual, así como con 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento.

Según esta asociación, esta reducción se traduciría en la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en esas tres provincias, la desaparición de más de 15.000 empleos y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.

“Aún no hemos perdido esta batalla”, han sentenciado antes de explicar que es el próximo Consejo de Ministros el que “tiene la última palabra” al respecto.