Toni Pérez lamenta que el Supremo rechace la suspensión cautelar del recorte del Tajo-Segura y anuncia que la Diputación estudiará recurrir el auto

El alto tribunal rechaza la medida cautelar solicitada por la institución provincial en su recurso contra la nueva planificación hidrológica del Tajo.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de denegar la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo solicitada por la institución provincial alicantina en su recurso contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, en el que se aprueba la nueva planificación hidrológica de esta demarcación. 

Pérez, que se ha asegurado sentirse “profundamente contrariado” por este auto dictado por la Sala 3ª del Contencioso-Administrativo del TS, ha avanzado que los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante estudiarán la interposición de un recurso de reposición contra esta decisión judicial.

“Si bien el auto es acorde con la interpretación especialmente restrictiva sobre la posibilidad de suspensión de disposiciones de carácter general, la interposición del recurso de reposición, aunque es difícil que prospere, debe plantearse y puede plantearse por parte de esta Diputación al considerar que los fundamentos de la resolución pueden considerarse no ajustados a derecho y, sobre todo, dada la trascendencia de los intereses afectados, que son los intereses generales de esta provincia”, ha manifestado. 

El presidente de la Diputación ha recordado que la institución provincial solicitó la medida cautelar “porque la nueva planificación del Tajo produce desde el momento de su entrada en vigor efectos muy negativos, tanto socio-económicos como medioambientales, sobre la provincia de Alicante y que no son reparables mediante una eventual compensación económica”.   

“Ello llevó a la Diputación a adoptar esa medida cautelar que reclamábamos para evitar que la demanda pierda su finalidad legítima”, ha añadido. 

El Tribunal Supremo ha rechazado también la suspensión cautelar que el Gobierno de Murcia solicitó en el mismo sentido que la Diputación de Alicante.