UEPAL alerta: “Son buenos datos de empleo que avisan de ciertas debilidades estructurales” 

El estancamiento en las altas de la Seguridad Social y el incremento en el número de cierres de empresas desde 2022 requieren respuestas preventivas ante la ralentización económica.

El vicepresidente de UEPAL, Diego Menor, ha señalado hoy que los datos de desempleo y contratación de febrero “son positivos”, a pesar de que suponen ligeros incrementos inferiores al 1%, en la provincia de Alicante, pero también alertó de que apuntan hacia cuestiones de la estructura económica del país que hay que resolver ante una potencial ralentización a lo largo de este año. Todo ello, a su juicio, obliga a las Administraciones a tomar medidas preventivas para defender la viabilidad del tejido productivo y ser prudentes en aquellas decisiones que pueden perjudicar la salud de las empresas alicantinas.

Menor considera que el estancamiento de la contratación, que creció en 0,50% con respecto a enero, y el descenso del paro del 0,42%, se debe analizar junto a los datos que muestran un proceso paulatino de cierre de empresas que sufre todo el país desde el pasado año y el incremento del registro de los procesos concursales. “Sin duda, son buenos datos de empleo que avisan de ciertas debilidades estructurales”, ha comentado el vicepresidente de los empresarios de la provincia de Alicante. En concreto, se refirió a la cifra récord de cierre de empresas en España de 2022, con un crecimiento del 10,1% y una cantidad total superior a las 26.000 empresas disueltas y al convencimiento de que “sin empresas ni empresarios no habrá empleo posible”.

El dirigente de la UEPAL señala que hay ciertos elementos que hay que considerar puesto que “tendrán afectaciones severas sobre la economía de la provincia y, por lo tanto, sobre la creación y sostenimiento del empleo: la tasa de inflación, los tipos de interés, la dificultad de financiación para las empresas, el coste de las materias primas”. A estos elementos, Menor también apuntó a varias cuestiones vinculadas a decisiones políticas como la baja ejecución de inversiones previstas en la provincia de Alicante y el impacto en la reducción de los caudales del Tajo-Segura y su efecto paulatino a lo largo de este 2023 en el sector agrícola.

Desde su punto de vista, “los poderes públicos deberían tener en cuenta la toma de decisiones que permitan anticipar efectos negativos en la economía española, ampliar las medidas de protección de la empresa y prever medidas concretas para los próximos meses por si se confirma el freno en las tasas de crecimiento”.

Además, Menor alertó de la necesidad de reconocer la figura del empresariado, puesto que “determinados mensajes contra la figura de quien genera un proyecto, crea puestos de trabajo y paga impuestos debe ser tenida en cuenta, defendida y protegida, y hoy en día se emiten señales contrarias desde determinadas esferas del poder que no ayudan a generar confianza ni estabilidad a la hora de realizar apuestas empresariales en nuestro territorio”.