Ximo Puig destaca que la Ciudad de la Justicia de Alicante permitirá responder a una “demanda histórica”

El edificio costará un total de 72,7 millones de euros, de los que se aportan 14,5 en 2023, y cuenta con una duración estimada de 33 meses, que permitirá su puesta en servicio, como máximo, a finales de 2025

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que la Ciudad de la Justicia de Alicante, que constituye la “mayor inversión” de la Administración autonómica en una infraestructura judicial “en los últimos 20 años” convertirá a estas instalaciones en el “pulmón judicial” de la ciudad y de la provincia y permitirá responder a una demanda “histórica”.

Ximo Puig se ha pronunciado en estos términos durante la firma del acta de replanteo de la nueva Ciudad de la Justicia por parte de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, trámite que supone el inicio de las obras.

El president ha indicado que la nueva Ciudad de la Justicia, cuyas obras arrancan ya y culminarán en 2025, “se alineará con otras sedes ya acabadas como “el nuevo edificio judicial de La Vila Joiosa, la ampliación de los juzgados de Torrevieja y las sedes de Dénia y de Villena, que se harán este año”.

El nuevo edificio costará un total de 72,7 millones de euros, de los que se aportarán 14,5 en este 2023. Además, se prevé una duración estimada de 33 meses, por lo que entrará en servicio, como máximo, a finales de 2025.

Ximo Puig ha destacado que la Ciudad de la Justicia alicantina, que llevará el nombre del jurista Rafael Altamira, albergará la mayoría de órganos judiciales de Alicante, una reunificación que, como ha indicado, permitirá acabar con la dispersión actual de sedes y mejorará la calidad de la prestación de la Justicia para las 400.000 personas que forman parte de este partido judicial. 

A ello se suma que las instalaciones acercarán más servicios a la ciudadanía, dado que en ellas se prestará una atención integral a las víctimas de violencia de género y estarán disponibles los gabinetes psicosociales, entre otras oficinas. Además, el president ha destacado que la nueva Ciudad de la Justicia responderá a las exigencias actuales, con un edificio “moderno, accesible y sostenible”.

Acabar con la dispersión en 10 sedes

El segundo partido judicial más importante de la Comunitat Valenciana va a contar, por tanto, con una sede que pone fin con la dispersión en diez sedes diferentes de sus órganos y servicios.

“Esa era la ambición hace 8 años: pasar de una Justicia en estado crítico a una Justicia digna, ágil y facilitadora”, ha señalado el president, que ha enmarcado en esta meta acciones como la ampliación de la Justicia gratuita, que “ha triplicado” su presupuesto, los 87 millones de euros que se destinan este año al Plan de Infraestructuras Judiciales, o el despliegue de un servicio “único en España” como es la Red de Oficinas de Atención a Víctimas de Violencia de Género, “que ha atendido ya a 91 mujeres en poco más de un mes”.

Todas estas actuaciones buscan situar a la Justicia, como “columna vertebral de una sociedad avanzada”, porque, sin ella, “resultan imposibles la igualdad, la seguridad y la libertad”, valores “que merecen una defensa cotidiana y que requieren las mejores infraestructuras, los mejores medios y el mejor personal”, ha dicho.

La Ciudad de la Justicia de Alicante es la inversión más importante del Plan de Infraestructuras Judiciales que está en ejecución y la mayor en una sede judicial desde que, en marzo de 2003, se completó la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Características de la sede

La sede tendrá 47.000 metros cuadrados y contará con nueve plantas, semisótano, dos sótanos y aparcamiento. Se ha diseñado para que pueda cubrir la ampliación de la planta judicial alicantina en el futuro y es completamente accesible y energéticamente sostenible.

En vez de un volumen compacto, será un conjunto abierto al espacio urbano con recorridos internos cubiertos, pero no cerrados, que se articulan en torno a un gran patio central alrededor del cual se despliegan las dependencias para los distintos órganos judiciales y los servicios que precisan para su óptimo funcionamiento.